Bogotá, 20 de abril de 2026

En rueda de prensa, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó un análisis técnico sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el monto que el Estado gira a las EPS por cada afiliado para cubrir su atención en salud.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que estos recursos son suficientes, pero advirtió que el problema está en su manejo. 

En los últimos cuatro años, la UPC ha crecido $21 billones en términos reales, mientras que el presupuesto del sector salud aumentó cerca de $25 billones, con incrementos por encima de la inflación, especialmente en el régimen subsidiado, donde se concentra la población más vulnerable.

“El problema no es la falta de recursos, sino cómo se están utilizando”, señaló el funcionario.

El jefe de la cartera también cuestionó el manejo histórico del sistema de salud y atribuyó parte de la crisis a decisiones adoptadas en administraciones anteriores. En ese sentido, aseguró que “se entregaron $12 billones a las nuevas EPS y nadie sabe dónde están”, al advertir sobre la falta de resultados estructurales.

Uno de los puntos más delicados expuestos por el ministro tiene que ver con la calidad de la información. Según indicó, se han identificado casos en los que algunas EPS habrían facturado servicios a personas fallecidas. 

“Se detectaron 308 mil registros de este tipo”, explicó, al subrayar que el problema no solo radica en el monto de los recursos, sino en la confiabilidad de los datos utilizados para calcular la UPC.

En materia de transparencia, el ministro citó hallazgos de los organismos de control. De acuerdo con la Contraloría General de la República, en 2024 la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) giró $87,89 billones, mientras que en los estados financieros reportados ante la Superintendencia se registraron cerca de $85,18 billones. 

Esto representa una diferencia de $2,7 billones que plantea interrogantes sobre el destino de esos recursos.

Asimismo, advirtió sobre el uso indebido de dineros de la salud en gastos que no corresponden a la atención de los usuarios, como gasolina o actividades recreativas.

Frente a este panorama, el Ministerio anunció un cambio estructural en el sistema de información, con el fin de mejorar la trazabilidad y reducir inconsistencias. 

El nuevo modelo integrará facturación electrónica (FEV), registros individuales de prestación de servicios (RIPS) y herramientas de control, además de un cruce de información con la DIAN mediante el Código Único de Facturación Electrónica (CUFE).

“El país pasará de un modelo basado en autorreporte a uno con validación cruzada y trazabilidad real”, explicó el ministro, al señalar que esto limitará la posibilidad de manipulación de datos.

Además, el Ministerio implementó mecanismos de contraste de la información reportada por las EPS con otras fuentes, en cumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional, y avanzó hacia una base de datos transaccional que permitirá verificar en tiempo real los servicios prestados.

“Ya no podrán autorreportar libremente. Todo tendrá que estar soportado, validado y cruzado”, enfatizó.

El funcionario también cuestionó el papel de algunas agremiaciones del sector y recordó que ACEMI fue sancionada en 2011 por irregularidades en el reporte de información. Según dijo, este tipo de prácticas ha afectado el debate sobre la financiación del sistema.

“Estamos hablando de datos que definen la salud de millones de colombianos. No puede haber margen para distorsiones”, concluyó.

Con información del Ministerio de Salud